Hablemos de contratos públicos. ¿Licitar o no licitar?

No soy un experto en contratación pública, al menos desde el punto de vista técnico o legal. Pero he participado en muchas licitaciones y contratos con mejores o peores resultados en la última década y percibo un hartazgo generalizado frente a la situación actual.

¿Cuál es el problema? Sin necesidad de enrollarse mucho, al menos en el contexto de la publicidad y la creatividad, que es el terreno en el que me muevo: Que todo se decide por el PRECIO. 

Dejando a un lado plazos insuficientes y solicitudes de propuestas creativas y memorias que suponen un gran trabajo en sí mismas, realizadas de forma completamente gratuíta. Quema muchísimo dedicar horas y recursos construyendo una propuesta sólida y con todo la ilusión con la que hacemos cada trabajo, para que luego te lo tumbe, sin menospreciar a nadie, cualquiera capaz de ofrecer el mismo trabajo a la mitad del precio previsto, con unos honorarios completamente fuera de mercado.

Lo peor es que nadie sale beneficiado realmente de esto, porque a la hora de la verdad, quien gana un contrato en estas condiciones, normalmente no consigue cumplir con los objetivos ni dispone de los recursos y experiencia necesarios. 

En el peor de los casos hay estudios piratas, supuestamente profesionales, que parece que se han hecho expertos en licitar por debajo de cualquier mínimo margen comercial,  con el único fin de pillar todo lo posible para financiarse e ir dejando un muerto tras otro por el camino. 

Al final paga el pato el cliente, en este caso la administración, que o bien se ve envuelta en un complejo litigio legal, o directamente tira el dinero a la basura por un proyecto que no cumple unos mínimos de calidad.

Reconozco que digo todo esto en un momento de mosqueo, tras ver como nuestra empresa se queda fuera del primer filtro de un proyecto para una destacada universidad, con empresas licitando por debajo del 60% del precio de partida. Se nos queda cara de tonto, después de haber desarrollado una propuesta en la que se ha añadido mucho valor y esfuerzo, para que se la lleve alguien cuyo único valor es estar dispuesto a perder dinero o mal pagar a sus empleados. 

¿Es ético que un organismo público firme contratos que son inviables económicamente salvo que no se cumpla la legalidad y se explote al empleado?

Esta situación viene de lejos y ha sido objeto de diversas polémicas en los últimos años. Recuerdo sin ir más lejos la que se produjo en relación con el nuevo Acuerdo Marco de Madrid para la contratación de servicios de diseño. En esta convocatoria se hacía una selección de profesionales de diseño a los que se solicitaba cada semana presupuestar proyectos de todo tipo bajo el único criterio de selección del precio más bajo y sin poner límite alguno a las bajadas temerarias.

Cómo resultado se generó un debate encendido entre algunos de los participantes, como Ena Cardenal y Romualdo Faura. 

Según el propio Romualdo comenta en su artículo leemos: “Los descuentos por mi ofertados en las licitaciones que hasta la fecha se han producido han sido, por el mismo orden, los siguientes: 20%; 42%; 35%; 20%; 45%; 25%; 22%; 49%; 21%; 19%; 35%; 27%; 23%; 28%; 33%; 39%; 27%; 26%; 26%; 33%; 31%; 29%; 22%; 18%; 21%; 54%; 19% y 18%.

Entre los descuentos ofertados por las restantes diez empresas que tienes a bien diferenciar de las que incluyes en el “lado oscuro” aparecen cifras tales como el 49%; 48%; 42%; 40,6%; 40%; 39,84%; 38,50%, 36%; 34,70%; 34,50% 34% y 33%, y otras inferiores, (algunas de estas cifras aparecen en varias ofertas de diferentes empresas).”

Y como él mismo asevera, la realidad es que no hay ninguna ilegalidad y todos los participantes en el proceso conocían las bases que regían.

 No deja de ser menos comprensible lo que afirma Ena Cardenal:” Y claro que me escandaliza que con nuestros impuestos se fomente la precarización de un sector, aunque sea culpa indirecta de un interventor que intervino (valga la redundancia) en el último momento. Y me consta que, a nivel personal, esta situación es tan desagradable para ellos como para nosotros. 

Pero lo que me tiene realmente estupefacta es la postura deliberadamente insolidaria de Romualdo Faura, Folch/Nadie y White Horse /Naranjo Etxeberría. Estudios que presumen de ser lo más, que van de guays, usando en las redes palabras como sostenibilidad, progreso, ética, nuevo paradigma, etc. Y cuyos hechos hablan de lo contrario: fomentando la banalización del trabajo a conciencia, devaluando su valor hasta límites insospechados. Convirtiéndolo en algo irrelevante.”

Todo esto creo que es un ejemplo paradigmático de la situación en la que nos encontramos. Una realidad que según el propio Observatorio de los Concursos Públicos de Publicidad confirma que el 71% de los concursos de publicidad de la Administración convocados en 2021 se valoró el precio por encima de la creatividad y las propuestas técnicas.

En estas circunstancias qué opciones nos quedan: Dejar de licitar y perder la oportunidad de desarrollar proyectos de gran interés para la sociedad y nuestros propios negocios o trabajar a pérdidas, hasta que tengamos que cerrar nuestras empresas y dejar de pagar a nuestros empleados. 

También hay otra alternativa, que probablemente sería la más acertada para todos: 

• Que el precio deje de ser el criterio fundamental por encima de las propuestas, el equipo y la creatividad. 
• Que se pongan medidas estrictas para no permitir las bajadas temerarias.

En este laberinto legal y burocrático sobre el que debemos desenvolvernos cada día, se agradecería que al menos se vele por respetar los derechos de los trabajadores y las empresas que invertimos no solo en ganar dinero, sino también en el bienestar de nuestros equipos humanos. Y no nos engañemos, nadie puede dar un salario y condiciones dignas, ofreciendo su trabajo por debajo del 60% del precio del mercado.

Creo que es tan sencillo como esto y como decía al comienzo de este artículo no soy experto en contratación pública y su compleja legislación, pero estoy seguro que con la voluntad y criterio de funcionarios y administraciones públicas todo esto se podría revertir, por su propio bien y el de nuestro sector.